El Reglamento de Participación Ciudadana revela el compromiso del Ayuntamiento ante los ciudadan@s para fomentar la participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y conforme a los principios de la Carta europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos a las ciudades.
Este compromiso municipal orienta la voluntad de crear y consolidar un sistema de participación adecuado a la democracia local que refuerce el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos proclamado en el artículo 23 de la Constitución.
Este sistema de participación pretende extenderse a todos los aspectos de la gestión pública local, tanto en lo que se refiere estrictamente a actuaciones promovidas directamente por el Ayuntamiento, su Gobierno y Pleno; como las realizadas por los organismos autónomos y / o empresas municipales.
Por ésto, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía todos los instrumentos normativos y materiales a su alcance. Además, corresponde al Pleno la regulación de los procedimientos de participación ciudadana.
Independientemente de los órganos y dinámicas participativas reseñadas, el Ayuntamiento ha abierto diversos procesos participativos, como convenios o subvenciones con organizaciones sectoriales o vecinales, cogestión de servicios municipales, desarrollo del programa de centros cívicos, coorganización de las programaciones socioculturales en los distritos, elaboración del Plan Estratégico y los presupuestos participativos.
Queremos incluir en este Reglamento la nueva realidad colectiva ciudadana, junto a los agentes ciudadanos tradicionales; dándole a cada uno la dimensión y espacio adecuados; además de profundizar en la extensión de la participación ciudadana como fórmula más democrática de desarrollar nuestra gestión y de crear nuevos niveles y formas de estructurar la participación en busca de la mayor eficacia en su aplicación.
Creemos que es necesario extender sistemáticamente la actuación y principios democráticos a la gestión pública y a la vida cotidiana; como desarrollo necesario y lógico de nuestro ordenamiento constitucional, haciendo protagonistas a los agentes sociales, (de los que nos dotamos libremente), y a la ciudadanía; posibilitando la mejor definición y eficacia de los diferentes servicios, programas y actuaciones municipales.
La participación ciudadana es, pues, una manera de entender la organización de la acción política contando con la ciudadanía, desde el respeto a las instituciones; de tal forma que sea más visible y palpable la vida democrática, rompiendo las barreras entre administradores y administrad@s.
La ciudadanía no puede verse limitada a actuar a través de un proceso electoral cada cuatro años, sino que debe mantener un protagonismo continuo y, desde las administraciones e instituciones, si existe el interés de servicio a los ciudadan@s, debe potenciarse esa presencia activa permanente.